El siguiente, es un recordatorio de uno de los actos más oprobiosos cometidos bajo el oscuro régimen de Ernesto Zedillo, teniendo como cómplices a Emilio Chyaufett Chemur en la Secretaria de Gobernación y Julio César Ruiz Ferro en el Gobierno de Chiapas.
Hoy como ayer,Acteal es una yaga que sangra y por más que pasen los años no se cierra, al contrario, pareciera estar más en carne viva cada vez.
LA MATANZA DE ACTEAL
Chiapas, 22 de diciembre de 1997
El 22 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar priísta Mascara Roja asesinó a 45 indígenas tzotziles refugiados, en su mayoría mujeres y niños, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó. Los atacantes, armados con fusiles AK-47 y M-16, abrieron fuego, utilizando balas expansivas, en contra de los refugiados que se encontraban orando. La matanza duró más de 7 horas y se realizó a tan sólo 200 metros de un retén policial.
EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanos y hermanas:
¿Por qué?
¿Cuántos más?
¿Hasta cuándo?
Desde las montañas del Sureste Mexicano
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
México, 23 de Diciembre de 1997
Al pueblo de México
A los pueblos y gobiernos del mundo
A la prensa nacional e internacional
En relación con la matanza de indígenas en la comunidad Acteal, municipio de San Pedro de Chenalhó, Chiapas, realizada el día de ayer, 22 de diciembre de 1997, el EZLN señala:
Primero. De acuerdo a la información recabada hasta ahora, unos 60 paramilitares del Partido Revolucionario Institucional (patrocinados por los Gobiernos Federal y Estatal) fueron los que atacaron con armas de grueso calibre a los indígenas, entre los se encontraban refugiados en Acteal.
Segundo. Como resultado de la agresión que duró hasta 4 horas, fueron asesinados cuando menos 45 indígenas, entre los que se cuentan 9 varones, 21 mujeres y 15 niños (uno de ellos menor de un año de edad). Además de los muertos, quedaron heridos 7 hombres (4 son niños) y 10 mujeres (4 de ellas son niñas).
Tercero.- De acuerdo a transmisiones radiales del Gobierno de Chiapas (interceptadas por el EZLN), en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de seguridad pública del estado de Chiapas respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza.
Los señores Homero Tovilla Cristinani y Uriel Jarquin (Secretario y Subsecretario del Gobierno de Chiapas respectivamente), comisionaron a la policía para respaldar este crimen. El señor Julio Cesar Ruíz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del "operativo" (cuando menos desde las 12 horas del día 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora). Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el día 21 de diciembre en una reunión de paramilitares (dirigida por el Señor Jacinto Arias, presidente municipal priista) de las comunidades Los Chorros, Puebla, a la Esperanza y Quextic, todas éstas del municipio de Chenalhó.
Cuarto. La responsabilidad directa de estos hechos sangrientos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y la Secretaría de Gobernación, quienes desde hace dos años dieron luz verde al proyecto de contrainsurgencia presentando por el Ejército Federal.
Dicho proyecto intenta desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas.
Para cumplirlo, se dedicaron a financiar equipo y armamento (mediante fondos de la Secretaría de Desarrollo Social) y a dar entrenamiento militar (dirigido por oficiales del ejército federal) a indígenas reclutados por el Partido Revolucionario Institucional.
Para dar tiempo a que estos escuadrones de la muerte estuvieran listos, el Gobierno Federal Mexicano diseño una estrategia paralela de diálogo simulado, consistente en llevar una negociación sin intención alguna de cumplir lo que se acordara y aumentando la presencia militar en las zonas zapatistas.
El gobierno del Estado de Chiapas quedó encargado de garantizar la impunidad de los grupos paramilitares y facilitar su operación en las principales zonas rebeldes: Norte, Selva y Altos de Chiapas.
Quinto. De esta manera unieron sus fuerzas los Gobiernos Federal y Estatal, el Partido Revolucionario Institucional y el ejército federal. Su objetivo está sintetizado por el "grito de Guerra" de los paramilitares llamados "mascara roja": "Vamos a acabar con la semilla zapatista", es decir, "vamos a acabar con las comunidades indígenas".
Sexto. Como parte de su estilo de gobierno y muestra de su "voluntad de paz", por diversos canales el señor Ernesto Zedillo Ponce de León mandó amenazas a la Comandancia General del EZLN con el siguiente mensaje: "Prefiero pasar a la historio como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN".
Esta palabra sí la cumplió.
Zedillo ya pasó a la historia como asesino de indígenas y lleva en las manos la sangre de Acteal.
Séptimo. La oportuna atención de los medios de comunicación a Chiapas y la justa indignación de la opinión pública nacional e internacional frente a lo ocurrido, han provocado que los cerebros del crimen se arrebaten la palabra para lavarse las manos y para prometer investigaciones "a fondo". No van a castigar a los responsables, la impunidad está garantizada porque los que investigan el crimen son los mismos que lo planearon. Por esta razón, las declaraciones del señor Zedillo y de sus subalternos no son más que demagogia.
Octavo. Con motivo de la matanza de Acteal, el gobierno y sus voceros vuelven a llamar al diálogo sin mencionar su determinación de no cumplir lo ya acordado y sólo con el propósito de avanzar en su estrategia contrainsurgente. En este sentido, llama la atención la reciente y r idícula declaración de la COCOPA (que decidió irse de vacaciones en lugar de trabajar por la paz) sobre los hechos de Acteal. Olvidan los legisladores que el que está asesinando niños, mujeres y hombres es el gobierno, olvidan que el que está haciendo uso de las armas es el gobierno, olvidan que el que se niega a un diálogo serio es el gobierno. Es a él al que deben dirigirse cuando hablen de no recurrir a la violencia y de la necesidad de dialogar.
Noveno. Nuevamente el EZLN llama a la sociedad civil nacional e internacional y a las organizaciones independientes para que no se dejen engañar, y para que exijan justicia verdadera y no simulaciones.
Décimo. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN se encuentra en estos momentos completando la investigación y analizando lo ocurrido para tomar las decisiones necesarias pertinentes.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
26 de Diciembre de 1997 EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Desde las montañas del Sureste Mexicano
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
México, 26 de Diciembre de 1997
Al pueblo de México
A los pueblos y gobiernos del mundo
A la prensa nacional e internacional
Hermanos:
El EZLN informa a la opinión pública nacional e internacional del avance de nuestras investigaciones sobre la matanza de Acteal, municipio de San Pedro de Chenalhó, Chiapas:
Primero. En Acteal vivían algunos de los miles de desplazados de otras comunidades indígenas de Chenalhó. Se encontraban ahí refugiados para protegerse de las agresiones de bandas paramilitares que «toman por asalto» las comunidades que no son gobiernistas.
Todos los refugiados eran indígenas tzotziles, civiles, profesaban la religión católica. Había zapatistas y no zapatistas de la organización independiente Las Abejas de Chenalhó.
Ninguno de los refugiados tenía armas de fuego.
Segundo. La mayoría de los atacantes son indígenas tzotziles, pertenece a diversas comunidades del municipio de Chenalhó, profesa la religión católica y es priísta (del PRI o del Partido Cardenista, es lo mismo).
Todos los atacantes tenían armas de fuego y algunos, además, armas blancas. La mayoría de las armas largas eran del modelo AK-47, calibre 7.62 x 39. Las armas cortas o pistolas eran de modelo escuadra, calibre 22 largo rifle.
Tercero. Unos minutos antes de que se iniciara la masacre, los vehículos de los paramilitares fueron detectados por indígenas bases de apoyo del EZLN, quienes fueron a avisarles a los refugiados en Acteal para que salieran y alertaron a la Conai. Un grupo de aproximadamente 15 personas alcanzó a salir, pero el resto alegó que no podían hacerles nada porque no habían hecho nada malo y que mejor se iban a poner a rezar, en eso estaban cuando fueron atacados.
Cuarto. El 22 de diciembre al mediodía, cuando apenas se iniciaba el ataque, bases de apoyo zapatistas escucharon las primeras detonaciones y se comunicaron a la Conai para informarle de lo que estaba ocurriendo. La Conai respondió a los compañeros que se iba a avisar al gobierno del estado. Así se hizo. A las 12 horas del 22 de diciembre el gobierno del estado recibió la denuncia de la Conai. A las 19 horas el aviso se repitió. El gobierno del estado dijo que todo estaba bajo control.
Quinto. El comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la presidencia municipal priísta de Chenalhó y de particulares.
Sexto. Todos los miembros del grupo agresor portaban uniformes de color oscuro.
Séptimo. Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores se obtuvieron con dinero proveniente del gobierno federal. En concreto, de la Secretaría de Desarrollo Social.
Octavo. Los paramilitares remataron a los heridos que encontraron y a las mujeres embarazadas les abrieron el vientre con machete.
Noveno. Terminado el ataque, agentes de la policía de Seguridad Pública del estado de Chiapas se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y «desaparecerlos» dentro de una cueva y en el fondo de un barranco.
Algunas conclusiones de lo anterior son:
1. No se trata de un conflicto religioso, tanto asesinos como asesinados profesan la religión católica.
2. No se trata de un conflicto étnico, los muertos y quienes los mataron son indígenas tzotziles.
3. No se trató de un enfrentamiento (como lo quieren presentar los gobiernos federal y estatal). Los muertos estaban desarmados, los atacantes tenían armas de grueso calibre. No hubo choque armado. Fue, simple y llanamente, una ejecución.
4. El objetivo era acabar con todos, que no quedaran testigos acusatorios y «limpiar las evidencias». El plan gubernamental era que el hecho no fuera del dominio público. Las autoridades primero quisieron negar la matanza, luego minimizarla, ahora quieren confundir a la opinión pública sobre el verdadero móvil del crimen.
5. Cuando el gobierno de Chiapas respondía a la Conai que «todo está bajo control» no se refería a que se iba a evitar un hecho de sangre, sino a que el gobierno era el que estaba dirigiendo el ataque.
6. El desvío de fondos federales para el financiamiento de diversas estructuras paramilitares. En la Selva, Norte y Altos de Chiapas no es ignorado por funcionarios federales y estatales. Desde 1994 la asignación de recursos económicos federales en Chiapas se realiza con un criterio político-militar; aquellos que están dispuestos a enfrentarse contra las comunidades zapatistas y contra las neutrales pueden obtener el dinero con la condición de cumplan con lo que llaman «preparación básica» y estar en absoluta disposición a responder al llamado de «los encargados» de tramitar los proyectos en Sedesol. No se trata sólo de comprar lealtades, es un verdadero reclutamiento, una «leva» para hacer la guerra gubernamental contra los indígenas... con indígenas.
7. El ataque incluyó las fases militares llamadas «de aproximación», «toma de contacto», «ataque» y «explotación del éxito», además de la de «exterminio total del adversario». Es evidente que el grupo agresor contaba con preparación militar de la que llaman «de comando especial». Sus armas, equipos y uniformes son los de una organización militarizada y revelan que se trató de una acción concertada, preparada y dirigida por personas o instancias que no participaron directamente en los hechos.
8. Los paramilitares obtienen su armamento y equipo por suministro directo de oficiales del Ejército federal, policías judiciales y, principalmente, por la denominada «Seguridad Pública del Estado», el gobierno del estado de Chiapas (encargado del «trabajo sucio» en esta estrategia zedillista) a su vez consigue el armamento en el mercado negro que existe entre las diversas corporaciones policiacas del país. Los policías y militares desvían las armas (que consiguen en los decomisos) para la venta clandestina, y se las venden a terratenientes, guardaespaldas, gobernadores, presidentes municipales y «gente importante».
Se trata de un auténtico «lavado de armamento». Son armas «sucias» o «negras», llamadas así porque ya fueron usadas en la comisión de algún delito, que se «lavan»vendiéndolas a los poderes regionales o locales.
9. El ritual sangriento de abrir el vientre de las mujeres embarazadas muertas y exhibir como trofeo su contenido, forma parte de las «enseñanzas» que militares guatemaltecos (de los llamados «kaibiles») impartieron a sus similares mexicanos a raíz del alzamiento zapatista. Después del 1o. de enero de 1994, el Ejército guatemalteco ofreció a su par mexicano «asesoría y preparación» en lucha contrainsurgente. Un grupo selecto de oficiales del Ejército Federal tomó el curso «kaibil»'. Desde entonces nuevos grupos son preparados en el vecino país.
10. Las víctimas no fueron escogidas al azar. Se eligió el lugar, fecha y hora del crimen para que los destinatarios del sangriento mensaje lo recibieran y entendieran bien. Los destinatarios son las comunidades indígenas rebeldes y el mensaje es «nada vivirá que sea independiente del gobierno».
11. El gobierno mexicano finge al llamarse a sorpresa por la matanza de Acteal. Por medio de la prensa y la televisión privada nacionales, la tensa situación que se vivía en los Altos y Norte de Chiapas en semanas previas a la masacre de Acteal fue del dominio público. El crimen de los 45 indígenas fue advertido a tiempo.
12.- Desde el inicio del deterioro y crisis de la situación social en Chiapas, producto de la estrategia contrainsurgente gubernamental, el CCRI-CG del EZLN orientó a sus bases de apoyo para que evitaran en todo momento, y aun a costa de perder sus pocas pertenencias, el enfrentamiento con otros indígenas. Para nosotros fue claro que el propósito gubernamental era y es que mudáramos de enemigos y nos enfrentáramos a otros indígenas. Por eso cada vez que fuimos agredidos no respondimos en forma violenta, sino que recurrimos a la Comisión Nacional de Intermediación (cuya existencia combate con toda decisión el gobierno federal) y a la prensa nacional e internacional (cuya labor profesional informativa molesta tanto a los gobernantes).
Por ambos canales, tanto el gobierno federal como el estatal estaban enterados de lo que se gestaba en los Altos de Chiapas.
Una y otra vez, la prensa nacional publicó reportajes documentados sobre las señales que ahora se leen con claridad en la sangre de Acteal.
A las notas periodísticas profesionales el gobierno estatal respondió con inserciones pagadas, con cartas de desmentidos y con abundantes sobornos para algunos que se hacen llamar periodistas.
Mientras tanto, el gobierno federal ni siquiera hizo eso. La Secretaría de Gobernación siguió la política del avestruz y «desapareció» siguiendo la creencia de que si no se habla de un problema, este se soluciona.
La Comisión Nacional de Intermediación, mientras soportaba agresiones gubernamentales de todo tipo, mantuvo continuamente informados al gobierno de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación de todos y cada uno de los hechos que, ahora lo sabemos, culminarían en la masacre de Acteal.
13. Es innegable que la Secretaría de Gobernación sabía con antelación de las serias amenazas que se cernían sobre los habitantes indígenas de los Altos.
Algunos periódicos de circulación nacional llevan meses cubriendo y difundiendo información que hoy ya es parte de los antecedentes históricos del peor crimen de los últimos 29 años en México.
En un canal de una televisora privada mexicana se documentaron objetivamente las condiciones de persecución y hostigamiento en que viven los indígenas de Chenalhó. Todos los entrevistados denunciaron la presencia y acción de guardias blancas.
No hay duda de que el secretario de Gobernación lee los periódicos, tampoco de que vio el programa. La prueba está en que protestó por el «tono parcial y tremendista» de la información televisada y vetó su repartición.
Cuando lo vea de nuevo deberá recordar que algunos y algunas de los indígenas que fueron entrevistados en ese programa «parcial y tremendista» están ahora muertos, asesinados por aquellos que, como el secretario de Gobernación, se quejaron de las graves imputaciones que se derivaban del contenido del reportaje.
14. En la matanza de Acteal los gobernantes no pueden ser juzgados por negligencia, porque precisamente se habían propuesto realizar el «operativo». La negligencia está en que no supieron o no pudieron hacerlo, con discreción. Olvidaron que desde enero de 1994 la sangre indígena pesa, y la oportuna labor informativa de los medios de comunicación sacó a la luz lo que iba a quedar en una cueva y en el fondo de un barranco.
15.- Los servicios de inteligencia del EZLN detectaron rumores de los paramilitares desde mediados de noviembre de 1997. Algo se estaba preparando. A inicios de diciembre se hablaba de una acción paramilitar inminente. Nosotros pensábamos que ese «algo» era por la visita a Chiapas del nuncio apostólico. Por eso fue nuestro comunicado donde advertíamos de un posible atentado contra el señor Justo Mullor. Nos equivocamos, las víctimas iban a ser, otra vez, de abajo. Ahora lo sabemos.
16. Conforme a las evidencias encontradas, se deduce que el crimen de Acteal fue preparado con toda antelación, con plena conciencia, con la dirección de autoridades gubernamentales estatales y la complicidad de diversas secretarías del gobierno federal entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, la de Desarrollo Social y la de la Defensa Nacional, así como de las dirigencias nacionales y estatales del Partido Revolucionario Institucional.
17. Fracasada la política de restarle base social indígena al EZLN, los gobiernos federal y estatal optaron por lo que consideraron más sencillo: aniquilar a esa base social, valoraron que el Ejército federal tendría que pagar un costo muy alto si participaba directamente en este plan. Por eso recurrieron a su estructura partidaria, botaron la «sana distancia» e hicieron uso de las estructuras organizativas del Partido Revolucionario Institucional para hacer lo que mejor saben hacer, es decir, robar y matar.
18. La guerra actual en Chenalhó no se inició en los años 30. Empezó a gestarse en agosto de 1995, cuando los gobiernos federal y estatal acordaron su actual estrategia antizapatista. Antes de eso, más de año y medio después del 1o. de enero de 1994, la convivencia pacífica entre grupos políticos diferentes había sido posible. Todavía hace algunos meses, las autoridades oficialistas de Chenalhó habían acordado con las autónomas respeto mutuo y tolerancia. Pero llegó la orden de «muy arriba» de acabar con los rebeldes...
19. Es completamente falso el giro que le quieren dar las autoridades que dicen estar investigando el crimen. No se trató de un conflicto religioso, tampoco de una disputa ideológica, mucho menos de un conflicto intra o intercomunitario. Esa historia de que los conflictos en Chenalhó vienen desde los años 30 es un cuento engañabobos de quienes se dicen investigadores y se las dan de antropólogos. No en los años 30, sino hace casi 30 años otra matanza de igual envergadura conmovió al mundo. Y a Tlatelolco 68 no sólo lo hermana con Acteal 97 la sangre inocente derramada. También entonces, como ahora, el gobierno hablaba de diálogo y de paz con las manos llenas de muerte.
Hermanos y hermanas:
La masacre de Acteal fue una matanza y fue realizada con alevosía, premeditación y ventaja.
El móvil es político, militar, social y económico. Se trata de aniquilar a los indígenas rebeldes.
Los autores intelectuales están muy arriba, en los gobiernos federal y estatal.
Los 41 detenidos son piezas menores de la complicada y sangrienta máquina de guerra contra los pueblos indios de México. Y la eliminación de piezas menores no afecta el funcionamiento de la maquinaria, simplemente se reemplazan.
Para implementar el reemplazo y no para evitar que se repita Acteal 97, el gobierno federal está enviando nuevamente miles de soldados a tierras indias y millones de dólares a unas autoridades estatales que han descubierto que la guerra, pero sobre todo la guerra sucia, es un gran negocio.
Esto es lo que hemos avanzado en nuestras investigaciones.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
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