A PERSONAS E INTELECTUALES
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
Como parte del recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en nuestro país, se instrumentan operativos y acciones militares como una política sistemática de Terrorismo de Estado bajo las órdenes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien gobierna nuestro país de manera espuria e ilegítima desde el primero de Diciembre de 2006 bajo un golpe de estado técnico.
El fraude electoral del pasado 2 de julio suscitó un amplio movimiento social y político, encabezado por Andrés Manuel López Obrador millones de personas salieron a las calles y sus voces fueron silenciadas a través de la mediatizada opinión pública y las prebendas de puestos en la administració n pública federal. El voto por voto vitoreado por la multitud se tradujo en la aplicación de un supuesto “estado de derecho” que se vende como mercancía y se encuentra al servicio de los poderosos.
La toma de poder de Felipe Calderón el primero de diciembre del año pasado en compañía de todo el aparato militar y los generales, fue un mensaje contundente y claro del papel fundamental que el ejército federal jugaría en este sexenio en la aplicación de las políticas impulsadas desde Los Pinos. En esa tónica, Oaxaca y San Salvador Atenco se establecieron como prioridades nacionales para su exterminio.
El encarcelamiento de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la pena de por vida a los Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (67 años) se enmarcó en la criminalización de la organización y la protesta social en México.
Definida la política militar, el ejército federal salió a las calles: carreteras federales, pueblos y comunidades, municipios y estados enteros se vistieron de verde olivo y gris, bajo el pretexto de encarar al narcotráfico: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, son sólo un ejemplo de esta política de paramilitarizació n del país, que hasta hoy ha tenido como resultado ejecuciones extrajudiciales; recordamos que en la sierra Zongolica, se materializó la brutalidad con la que el ejército federal trata a las mujeres y pobres, Ernestina Ascensio Rosario, mujer indígena de 70 años de edad, fue violada, torturada, finalmente asesinada. Sus familiares ultrajados y amenazados por los grupos paramilitares enquistados en el poder Local y Federal; las violaciones cometidas por el ejército en Michoacán y Coahuila, en Sinaloa fue hostigada, torturada y finalmente asesinada una familia entera; bajo este mismo contexto, las organizaciones de
derechos humanos y el pueblo en general se han convertido en un blanco idóneo de hostigamientos, detenciones ilegales, cateos, tortura y desapariciones.
Esta estrategia de militarización y paramilitarización no es nueva en nuestro país, surge desde los años sesentas y setentas con la implementació n de la guerra sucia que ha dejado un saldo de más de 1000 desapariciones forzadas, principalmente en el Estado de Guerrero con el pretexto de combatir a la guerrilla y al comunismo y eliminar toda disidencia organizada aunque fuera legal y abierta. Como ejemplos de estas heridas que no podemos olvidar están los hechos ocurridos en Aguas Blancas en 1995; Acteal en 1997; El Charco en 1998; la represión sistemática de tierra arrasada que se ha desarrollado sobre la región de Loxicha desde 1996 con un saldo de decenas de desapariciones y asesinatos y 12 presos políticos que están en pie de lucha por su libertad; Pasta de Conchos; SICARTSA; Atenco; Oaxaca; y la represión que se vislumbra hacia el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) en la lucha que está dando por la defensa de sus tierras.
En la instrumentación del inexistente estado de derecho, su política militar y paramilitar, ningún individuo u organización quedan exentas de los riesgos de ser detenido, torturado y desaparecido forzosamente. Manifestamos que en nota periodística, circulada por diferentes medios electrónicos y escritos se da a conocer, que el pasado 25 de mayo, en el estado de Oaxaca, dos miembros de PDPR-EPR fueron detenidos, sin que al momento se conozca su paradero, estado físico y psicológico, Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya.
La sociedad Mexicana en su conjunto, las organizaciones sociales, civiles, políticas y de derechos humanos, abajo firmantes exigimos el cese de la guerra sucia en el país, la presentación con vida de los desaparecidos; nos pronunciamos en contra de todo acto de tortura, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y hostigamiento que sufran los luchadores sociales y de derechos humanos emprendidas por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el Yunque.
El fraude electoral del pasado 2 de julio suscitó un amplio movimiento social y político, encabezado por Andrés Manuel López Obrador millones de personas salieron a las calles y sus voces fueron silenciadas a través de la mediatizada opinión pública y las prebendas de puestos en la administració n pública federal. El voto por voto vitoreado por la multitud se tradujo en la aplicación de un supuesto “estado de derecho” que se vende como mercancía y se encuentra al servicio de los poderosos.
La toma de poder de Felipe Calderón el primero de diciembre del año pasado en compañía de todo el aparato militar y los generales, fue un mensaje contundente y claro del papel fundamental que el ejército federal jugaría en este sexenio en la aplicación de las políticas impulsadas desde Los Pinos. En esa tónica, Oaxaca y San Salvador Atenco se establecieron como prioridades nacionales para su exterminio.
El encarcelamiento de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la pena de por vida a los Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (67 años) se enmarcó en la criminalización de la organización y la protesta social en México.
Definida la política militar, el ejército federal salió a las calles: carreteras federales, pueblos y comunidades, municipios y estados enteros se vistieron de verde olivo y gris, bajo el pretexto de encarar al narcotráfico: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, son sólo un ejemplo de esta política de paramilitarizació n del país, que hasta hoy ha tenido como resultado ejecuciones extrajudiciales; recordamos que en la sierra Zongolica, se materializó la brutalidad con la que el ejército federal trata a las mujeres y pobres, Ernestina Ascensio Rosario, mujer indígena de 70 años de edad, fue violada, torturada, finalmente asesinada. Sus familiares ultrajados y amenazados por los grupos paramilitares enquistados en el poder Local y Federal; las violaciones cometidas por el ejército en Michoacán y Coahuila, en Sinaloa fue hostigada, torturada y finalmente asesinada una familia entera; bajo este mismo contexto, las organizaciones de
derechos humanos y el pueblo en general se han convertido en un blanco idóneo de hostigamientos, detenciones ilegales, cateos, tortura y desapariciones.
Esta estrategia de militarización y paramilitarización no es nueva en nuestro país, surge desde los años sesentas y setentas con la implementació n de la guerra sucia que ha dejado un saldo de más de 1000 desapariciones forzadas, principalmente en el Estado de Guerrero con el pretexto de combatir a la guerrilla y al comunismo y eliminar toda disidencia organizada aunque fuera legal y abierta. Como ejemplos de estas heridas que no podemos olvidar están los hechos ocurridos en Aguas Blancas en 1995; Acteal en 1997; El Charco en 1998; la represión sistemática de tierra arrasada que se ha desarrollado sobre la región de Loxicha desde 1996 con un saldo de decenas de desapariciones y asesinatos y 12 presos políticos que están en pie de lucha por su libertad; Pasta de Conchos; SICARTSA; Atenco; Oaxaca; y la represión que se vislumbra hacia el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) en la lucha que está dando por la defensa de sus tierras.
En la instrumentación del inexistente estado de derecho, su política militar y paramilitar, ningún individuo u organización quedan exentas de los riesgos de ser detenido, torturado y desaparecido forzosamente. Manifestamos que en nota periodística, circulada por diferentes medios electrónicos y escritos se da a conocer, que el pasado 25 de mayo, en el estado de Oaxaca, dos miembros de PDPR-EPR fueron detenidos, sin que al momento se conozca su paradero, estado físico y psicológico, Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya.
La sociedad Mexicana en su conjunto, las organizaciones sociales, civiles, políticas y de derechos humanos, abajo firmantes exigimos el cese de la guerra sucia en el país, la presentación con vida de los desaparecidos; nos pronunciamos en contra de todo acto de tortura, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y hostigamiento que sufran los luchadores sociales y de derechos humanos emprendidas por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el Yunque.
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!
¡NI UN TORTURADO NI DESAPARECIDO MÁS!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!
¡NI UN TORTURADO NI DESAPARECIDO MÁS!
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Omar Garibay Guerra PC de México (ML); Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM); Movimiento Estudiantil Revolucionario Internacionalista (MERI); Colectivo Universitario Libre de Investigación y Teoría del Arte (CULITA); Colectivo la Guillotina, Centro de documentación Simón Bolívar, Colectivo Ernesto Guevara, (FCPyS) ; Cooperativa Libertas Anti Corp; Juveniles Libertarias (DF); Ocupación Ernesto Che Guevara (FFyL); Andrés González, (OPC_CLETA_Machete) ; Doctora Fernanda Navarro (UMSNH); Espacio Cultural la Peña del Son; Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO); Asociación de Familiares desaparecidos de México (AFADEM); Comité Cerezo; Liga Mexicana por la defensa de los derechos Humanos (LIMEDDH);Movimient o Proletario Independiente (MPI); Frente Nacional de Lucha por el Socialismo(FNLS) : Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata" (FDOMEZ), Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Organización Campesina Independiente "Mariano Matamoros" (OCI-MM), Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS), H. Ayuntamiento Popular Indígena de San Juan Lalana Choapam, Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Frente Indígena Mixteco Popoluca Náhuatl, Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Unión de todos los Pueblos Pobres) (TINAM), Frente Popular Obrero Campesino (FPOC), Movimiento Social Independiente, Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana, Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ), Organización Campesina Indígena Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM), Coordinadora Democrática Ricardo Flores Magón (CODI-RFM), Organización Campesina de la Sierra Oriente de Puebla (OCSOP), Foro Estudiantil Democrático (FED), Casa del Estudiante Emiliano Zapata (Puebla), Liga Estudiantil Democrática (LED), Colectivo Carlos Marx, Colectivo Estudiantil Independiente, Colectivo Tsoblej de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, Colectivo Niukame, Movimiento Social de Izquierda (MSI), Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV), Comité de Lucha Magisterial (COLMA), Activistas del Nivel de Educación Indígena, Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ-LOXICHA) ; Colectivo Conciencia y Libertad FCPS-UNAM; Dr. Joel Heredia; Lic. Marcos López Pérez; Lic. Marissa Revilla; Lic. Martha Figueroa Mier; Organización Internacionalista Vasca ASKAPENA; Noemí Lafuente Redón; Stichting Play Fair Europe-Amsterdam; Teóloga Feminista: Isabel Ascencio-Grupo Solidario de Mujeres de El Salvador; CISPES-Los Angeles; Proyecto Alto a la Impunidad; TASSC International; Comités de Base del FMLN-Los Angeles; Kinal Antsetik; Jolom Mayaetik; Patricia de La Fuente Castro; Dra. Ma. Del Carmen García, Mercedes Gómez Llanos (Brigada Internacionalista, País Vasco), Colectivo Rincón Rupestre, Cancun Mexico.
